Internet

Sin hechos, la voz es sólo un poco de aire

-Baltasar Gracián

El próximo 4 de marzo de 2010 se celebrará ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la vista tras la cual el Tribunal europeo tomará la decisión si el llamado “canon digital” de nuestra legislación es contrario a la normativa europea. Caso de ser así, deberá modificarse la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarse a la Directiva europea.

Veamos cómo se ha llegado hasta aquí.

La Ley de Propiedad Intelectual anterior a la vigente, no señalaba en concreto qué equipos, aparatos y materiales se hallaban sujetos al canon por copia privada por lo que, cuando aparecieron en el mercado los CDs, comenzaron los litigios judiciales de las entidades de gestión de la propiedad intelectual (EEGG) contra los fabricantes, importadores y establecimientos que los vendían. En lugar de litigar, la patronal ASIMELEC pactó el 31 de julio de 2003 con las EEGG que todos los CDs se hallarían gravados con el canon. El problema de ese pacto era que alcanzaba al papel del siglo XXI: el soporte digital.

El 30 de agosto de 2003, se iniciaron las primeras acciones legales contra el canon en los soportes digitales. Estas se centraron en el canon en las actas judiciales. Dado lo indiscriminado de esta figura, el mejor ejemplo para demostrar su improcedencia es la grabación de los juicios orales, donde un fedatario público (el secretario judicial) da fe de que el contenido del CD es la grabación de la vista. Además de su improcedencia, es un hecho muy descriptivo de la relación entre el poder político y las EEGG, asociaciones privadas, que éstas cobren por cada grabación judicial a una Administración de Justicia con mucha falta de recursos.

Las iniciales acciones legales contra el canon en los soportes digitales fueron cuatro:

1. Por vulneración de la normativa sobre la competencia ante el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, que finalmente resolvió negando que el pacto entre las EEGG y ASIMELEC atentase contra la regulación legal.

2. Ante el Consejo General de la Abogacía Española, que mediante un acuerdo solicitó al Ministerio de Justicia su supresión para los juicios.

3. Ante el Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ nunca contestó.

4. Ante el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que tampoco se dignó jamás en contestar. Es muy interesante verificar la composición de la Junta de Gobierno del ICAM de aquellas fechas y compararla con los directivos de la SGAE.

Posteriormente, se ejercitaron dos derechos de petición: el primero (17.11.2003) ante la Ministra de Cultura hallándose el Partido Popular en el poder y el segundo (24.02.2004) ante la siguiente Ministra de Cultura, esta vez del PSOE, solicitando la supresión del canon en todos los equipos, materiales y aparatos que utilizaban las administraciones públicas. Conforme la Ley de Propiedad Intelectual, el gobierno de turno, mediante un mero reglamento, puede eximir del canon a las actividades o usos que considere convenientes y eso fue lo que se les pidió. Las respuestas de ambas ministras fueron las de que ya se procedería al estudio de esta petición cuando se reformase la ley. Por supuesto y como era de esperar, los derechos de petición nunca se tomaron en cuenta.

La siguiente acción ya fue judicial (abril de 2004) y consistió en poner a disposición de los ciudadanos la plantilla de demanda contra el canon en los soportes digitales (que personalmente utilicé en un juicio en reclamación del importe del canon del acta judicial y cuya sentencia ordenó la devolución), así como las instrucciones y las preguntas más frecuentes para la interposición y seguimiento de la demanda. Se habilitó también una lista de correo para la coordinación de las acciones.

Utilizando las plantillas y siguiendo las instrucciones, diversos ciudadanos interpusieron la misma, obteniéndose en todos los procedimientos cinco sentencias favorables a la devolución al consumidor. La novedad de la acción legal consistió en la utilización de un sistema de Derecho procesal distribuido, cuya eficacia se ha demostrado con el paso del tiempo.

Las plantillas, bajo licencia Creative Commons, permitían su mejora y eso es lo que hizo Josep Jover Padró, abogado de Barcelona, en defensa de la empresa de su cliente Ana María Méndez, quien incorporó el núcleo fundamental y que le faltaba a la demanda contra el canon en los soportes digitales: la solicitud de cuestión de prejudicialidad por vulneración de la normativa comunitaria ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La sentencia en primera instancia del pleito planteado por la SGAE contra la empresa de Ana María Méndez fue favorable a la demandante, pero laAudiencia Provincial de Barcelona, mediante el auto de fecha 15 de septiembre de 2008, aceptó la solicitud de cuestión prejudicialidad de Josep Jover y se inició el procedimiento para verificar si la normativa del Estado español es conforme con la Directiva europea. Disponen de las alegaciones de Josep Jover en formato .odt, formato .doc y formato .txt.

El próximo día 4 de marzo es un día importante. Sea cual fuere el resultado que nos ofrezca el TJCE, demuestra la utilidad de las instituciones de los poderes judiciales y nos indica, frente a nuestra tradicional pasividad en su uso, el camino por el que se ha de seguir: como abogado, el de una radical independencia frente a cualquier grupo; como método para el ejercicio de la función social de la abogacía, el de los Procedimientos Libres; y como ciudadanos, la obligación (ya no la necesidad) que tenemos de ejercer nuestros derechos ante los Juzgados y Tribunales para que de las resoluciones que obtengamos pueda derivarse un bien común.

Via: Derecho-internet